Berliner Abendpost - Rebelión armada en Bolivia

Bolivia atraviesa uno de los momentos más tensos de su historia reciente. El Gobierno de Rodrigo Paz, que asumió hace seis meses con un discurso conciliador y promesas de estabilidad económica, se enfrenta a un movimiento de protesta creciente. En las últimas semanas, el país ha sido escenario de marchas multitudinarias, bloqueos de carreteras y enfrentamientos en las calles de La Paz y El Alto. Lo que comenzó como una movilización sindical por aumentos salariales y el rechazo a la Ley 1720 terminó convirtiéndose en un desafío directo al Ejecutivo: los manifestantes exigen la renuncia del presidente y algunos grupos han tomado las armas para forzar su salida.

Aparición de grupos armados e irregulares
En medio de la escalada de movilizaciones, videos difundidos en redes sociales muestran a hombres encapuchados en una zona del altiplano de Oruro que marchan en formación y portan fusiles antiguos. Se identifican como indígenas de los ayllus y corean consignas como “ahora sí, guerra civil”. Las autoridades atribuyen estas imágenes a la facción aymara conocida como los Ponchos Rojos, un grupo campesino ligado históricamente a Evo Morales. José Luis Gálvez, portavoz del Gobierno, denunció que algunos de sus líderes instaron a los manifestantes a acudir con “todas las armas posibles” y señaló a Bernabé Gutiérrez Paucara, exfuncionario del Ministerio de Defensa, como la cabeza del llamado “comité de conflicto”.

Los Ponchos Rojos surgieron en la provincia de Omasuyos y se hicieron visibles durante las protestas de 2003. Sus miembros se caracterizan por vestir el tradicional poncho rojo con bordes negros y por portar chicotes como símbolo de autoridad. Durante los años del Movimiento al Socialismo (MAS) fueron un brazo de apoyo al expresidente Morales, aunque analistas bolivianos señalan que no son una milicia centralizada, sino una red de comunidades que se autoconvocan cuando perciben amenazas a sus derechos. La presencia de armas en sus movilizaciones, según el antropólogo Pedro Portugal, se debe más a la tradición de autodefensa con fusiles viejos que a una capacidad bélica moderna.

A los Ponchos Rojos se suman videos de otros grupos que exhiben armas de alto calibre y amenazan con tomar cuarteles. El Ministerio de Defensa advirtió sobre la presencia de “grupos irregulares” en las protestas y prometió actuar dentro de la ley para garantizar la seguridad. Estas imágenes provocaron alarma en La Paz y reavivaron el fantasma del golpe militar de 2024, cuando un sector de las Fuerzas Armadas intentó derrocar al entonces presidente Luis Arce. Sin embargo, en esta ocasión la amenaza no proviene del Ejército sino de organizaciones civiles que combinan reivindicaciones económicas con consignas de guerra.

Un conflicto con raíces económicas y políticas
Las protestas no son un fenómeno aislado. Bolivia arrastra desde 2025 una severa crisis económica. El Gobierno de Rodrigo Paz eliminó los subsidios a los combustibles para estabilizar las finanzas públicas, lo que disparó los precios casi un 90 % y generó malestar entre transportistas, campesinos y trabajadores. También aprobó la polémica Ley 1720, que regulaba el uso de recursos naturales, y una reforma laboral que sectores sindicales consideran regresiva. Aunque el Ejecutivo ofreció bonos para familias vulnerables, aumentó el salario mínimo y derogó parcialmente la norma, el desencanto creció.

A ese contexto se sumó la ruptura dentro del MAS, partido que dominó la política boliviana durante dos décadas. Evo Morales, refugiado en el Chapare para eludir una orden de arresto por un caso de trata de menores, acusa a Luis Arce y a Rodrigo Paz de traicionar las bases populares. Morales promueve la idea de convocar nuevas elecciones y sus seguidores han convertido las protestas en una batalla por el liderazgo de la izquierda. La Central Obrera Boliviana, federaciones campesinas y sindicatos de maestros y mineros se aliaron a las marchas, mientras que otros sectores han pactado con el Gobierno. Las divisiones internas avivaron la sensación de vacío de poder y alimentan la narrativa de un supuesto golpe en marcha.

Enfrentamientos y bloqueo de ciudades
El departamento de La Paz quedó prácticamente aislado durante más de dos semanas debido a los bloqueos de carreteras. Camiones con alimentos, combustible y oxígeno para hospitales quedaron varados, provocando desabastecimiento y la muerte de al menos cuatro personas —entre ellas un niño de doce años— por falta de atención médica. En El Alto, manifestantes cortaron el acceso al aeropuerto y quemaron neumáticos. Las marchas que bajaron a la sede de Gobierno estuvieron integradas por más de diez mil personas y derivaron en choques con la policía: los manifestantes lanzaron dinamitas y petardos; los agentes respondieron con gases lacrimógenos. Hubo saqueos y ataques contra el Tribunal Departamental de Justicia, estaciones del teleférico y comercios privados. Al menos dos periodistas resultaron heridos mientras cubrían los disturbios.

Las fuerzas de seguridad han detenido a decenas de personas y liberado posteriormente a algunas de ellas. El Gobierno se ha resistido a declarar un estado de excepción y ha apostado por el diálogo, aunque ha advertido que no tolerará la violencia. Pese a ello, el discurso oficial endurece su tono: el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, calificó la marcha de los seguidores de Morales como un “intento conspirativo” y afirmó que los movilizados están librando “una batalla final” para desestabilizar al Ejecutivo. La plaza Murillo, sede de los poderes del Estado, permanece cercada por cordones policiales y barricadas.

¿Golpe de Estado o rebelión social?
La pregunta que recorre los titulares es si Bolivia está frente a un nuevo golpe de Estado. Para muchos analistas, comparar la actual crisis con la asonada militar de 2024 es exagerado. No hay un sector del Ejército sublevado ni un liderazgo claro que aspire a tomar el poder por la fuerza. Sin embargo, la combinación de violencia en las calles, la presencia de grupos armados y los llamamientos a la guerra civil crean un clima de inestabilidad que puede erosionar el orden constitucional. La oposición denuncia un posible “autogolpe” del propio Gobierno para justificar medidas represivas, mientras que el oficialismo responsabiliza a Morales de alentar una insurrección para regresar al Palacio Quemado.

El desenlace de esta crisis dependerá de la capacidad de las partes para negociar. Rodrigo Paz ha recibido el respaldo de gobiernos conservadores de América del Sur y de Estados Unidos, que consideran las protestas una amenaza a la democracia. En contraste, el presidente colombiano, Gustavo Petro, y otros líderes de izquierda han expresado simpatía por los manifestantes, lo que ha generado tensiones diplomáticas. Internamente, la negociación con sindicatos y organizaciones sociales podría aliviar los bloqueos, pero el factor más imprevisible sigue siendo el rol de los grupos armados. Si éstos deciden escalar la confrontación, el riesgo de que la violencia se desborde aumenta.

Por ahora, Bolivia se encuentra atrapada entre el desgaste económico y la pugna política. La acusación de “golpe de Estado” es un reflejo de ese clima polarizado donde cada bando intenta apropiarse de la narrativa. Lo cierto es que el país necesita urgentemente un acuerdo que restablezca la paz social y evite que la rebelión de grupos armados se convierta en una tragedia mayor.