Berliner Abendpost - Las disputas en torno al proyecto de Código Minero submarino

La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), creada en 1994 bajo los auspicios de la ONU, lleva desde 2014 negociando esta futura normativa para la explotación industrial de los recursos de los fondos marinos bajo su jurisdicción (solo aguas internacionales).

Se trata de una tarea titánica que se ha acelerado bajo la presión de la industria: la empresa canadiense The Metals Company prevé presentar en junio la primera solicitud de contrato minero a través de su filial Nori (Nauru Ocean Resources Inc.).

- Principios -

Según prevé el doble mandato otorgado por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), el código minero debe organizar la explotación de minerales codiciados (cobalto, manganeso, níquel, etc.) y proteger el medio ambiente, en un contexto de grandes lagunas científicas en los conocimientos sobre unos ecosistemas de difícil acceso.

Se trata de objetivos irreconciliables para los defensores de los océanos, que reclaman una moratoria de la explotación.

A falta de consenso, prosiguen las negociaciones sobre el código.

El Consejo de la IAMF, órgano ejecutivo formado por 36 de los 169 estados miembros, trabajará durante las dos próximas semanas sobre un texto "consolidado" de 250 páginas lleno de corchetes, frases tachadas y comentarios sobre desacuerdos, al que se han añadido decenas de enmiendas presentadas por estados, empresas y ONG.

"Hemos contado más de 2.000 elementos en el texto que todavía están siendo debatidos", dice a la AFP Emma Wilson, de la ONG Deep Sea Conservation Coalition, que se mostró muy escéptica sobre la posibilidad de concluir el acuerdo antes de 2025, como estaba previsto.

- Proceso -

Al igual que ocurre con los contratos de exploración, cualquier entidad que desee obtener un contrato de explotación deberá contar con el patrocinio de un estado.

Nori, que espera explotar nódulos polimetálicos (guijarros ricos en metales estratégicos) en una zona del Pacífico a partir de 2026, está patrocinada por Nauru, un pequeño estado insular de Oceanía.

Según las líneas generales del texto, el examen del plan de explotación pasará primero por las manos de la Comisión Jurídica y Técnica de la IAMF, un organismo acusado por las ONG de ser poco transparente y favorable a la industria.

Tras examinar los puntos fuertes y débiles del plan (capacidades técnicas y financieras, viabilidad, precauciones medioambientales, etc.), la comisión formulará una recomendación al Consejo, que tomará la decisión final.

Pero a algunos les preocupan las normas ya establecidas en la UNCLOS, que dificultan anular una recomendación favorable de la comisión, ya que se requiere una mayoría de dos tercios del Consejo.

El texto actual prevé una duración inicial de 30 años para los contratos de explotación, seguida de prórrogas renovables de cinco años.

- Protección ambiental -

La empresa candidata tendrá que realizar una evaluación del posible impacto ambiental de su actividad. La idea general es limitar este impacto para proteger el medio ambiente en la medida de lo posible, pero los detalles están aún lejos de definirse.

Los negociadores están divididos sobre la elección y definición de términos básicos como "efectos nocivos" o "impacto grave".

Las ONG y un número cada vez mayor de gobiernos señalan que el principio mismo de evaluar el impacto potencial es imposible en ausencia de información científica.

Además de los ecosistemas, los estados insulares del Pacífico, especialmente apegados al carácter sagrado de los océanos, insisten en que se haga referencia a la protección del "patrimonio cultural submarino".

- Hacer respetar las reglas -

El texto sobre la mesa prevé un sistema de inspecciones y de evaluación del cumplimiento de los compromisos de la empresa explotadora, pero los detalles son objeto de debate, y algunos cuestionan la viabilidad de tales mecanismos.

Las actividades "van a tener lugar a miles de kilómetros de la costa, a varios kilómetros de profundidad, en un entorno hostil", señala Wilson.

- Distribución de los beneficios -

Según la Convención sobre el Derecho del Mar, los recursos de los fondos marinos se consideran "patrimonio común de la humanidad".

El Código Minero estipula que cada empresa debe pagar una parte de sus ingresos al IAMF. Pero, ¿qué porcentaje y a partir de cuándo? Se trata de una cuestión controvertida: el grupo de trabajo sobre el tema sugiere unos cánones de entre el 3% y el 12%, mientras que los países africanos proponen más del 40%.

B.Nagel--BlnAP