Berliner Abendpost - El regreso de las empresas que se fueron de Cataluña, un dolor de cabeza para Sánchez

Reforma del derecho de sociedades, incentivos fiscales, ventajas administrativas... Dos meses después de volver al poder, gracias al apoyo vital de los diputados del partido de Carles Puigdemont (Junts per Catalunya), el presidente del gobierno socialista Pedro Sánchez aún no ha especificado cómo piensa responder a esta demanda clave del movimiento independentista.

En el acuerdo firmado con Junts en noviembre, el Partido Socialista se comprometió a "facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas" que se fueron en 2017 para protegerse de los riesgos derivados de una posible independencia.

Pero no dio detalles sobre los medios para materializar esta promesa. Eso está alimentando las tensiones, ya que la desconfianza entre el Ejecutivo y Junts sigue siendo grande.

Según el organismo español encargado de los registros de la propiedad comercial, cerca de 7.000 empresas trasladaron su sede fuera de Cataluña desde el intento de secesión de octubre de 2017.

Entre ellas figuran muchas emblemáticas, y muy arraigadas históricamente en Cataluña, como CaixaBank, el Banco Sabadell, Naturgy y Cellnex, la mayoría de los cuales se mudó a Madrid, Valencia, en el este, o a Málaga, en el sur.

Se trata de una traición a los ojos del movimiento independentista, que responsabiliza al gobierno español, entonces dirigido por la derecha, de fomentar esta hemorragia mediante un decreto que permitía a las empresas trasladar su sede social con sólo obtener el visto bueno de su consejo de administración y sin tener que convocar una junta general de sus accionistas.

- "Sanciones" -

"Es inaudito que aún, a día de hoy, aquel decreto siga en vigor", lamentó el martes Josep Rius, de Junts, el partido que volvió a poner el tema sobre la mesa a cambio de abstenerse en una votación crucial para el gobierno en el Congreso.

El partido de Puigdemont ha hecho del retorno a Cataluña de las empresas que mantienen ahí su actividad principal un tema favorito desde 2017, por razones esencialmente políticas.

La fuga de empresas de la región catalana ha tenido poco impacto en términos fiscales, ya que el impuesto de sociedades lo gestiona el gobierno central.

Sin embargo, tiene un fuerte valor simbólico y supondría una importante pérdida de ingresos para Cataluña en caso de independencia, un objetivo que Junts no ha abandonado.

¿Cómo convencer a las empresas? Entrevistado en la Cadena Ser, Rius mencionó la posibilidad de ofrecer "incentivos", pero también -por primera vez- de imponer "sanciones" a quienes se resistan a volver.

Una propuesta que indignó a los empresarios. "Las empresas tienen el derecho a instalarse y a invertir donde quieran", y ninguna se fue "por placer", afirmó Antonio Garamendi, presidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales).

Para que vuelvan, hay que "generar un clima de confianza", no amenazas de "multas", sentenció el presidente de la primera organización patronal española.

Este mensaje fue apoyado por las regiones en las que se instalaron las empresas afectadas, a las que no entusiasma la idea de verlas partir, pero también por el derechista Partido Popular (PP), que volvió a criticar las "concesiones" hechas por Pedro Sánchez a los independentistas.

- Una "ligereza desconcertante" -

Ansioso por calmar la situación, el gobierno se apresuró a cerrar la puerta a cualquier sanción. "La normativa europea" garantiza "la libertad de establecimiento de sede por parte de las empresas" recordó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

En cambio, el Gobierno se mostró dispuesto a modificar el derecho de sociedades para luchar contra la "ingeniería fiscal", que permite a determinados grupos establecer su sede en un lugar distinto al de su actividad principal, y se mostró favorable a los incentivos, también sin precisar su naturaleza.

Según los expertos, podrían utilizarse varios sistemas, como incentivos fiscales o la puesta a disposición de terrenos o edificios a precios reducidos. Pero también en este caso, estas medidas deben respetar el derecho comunitario y la libre competencia.

De esta advertencia se hizo eco la patronal catalana Foment del Treball, que apeló al "respeto" de la "seguridad jurídica".

Es necesario que los partidos dejen "la actividad económica fuera del mercadeo político", reclamó la patronal catalana, denunciando que "la ligereza con que se están tratando cuestiones capitales (...) es desconcertante".

A.Schmidt--BlnAP