Berliner Abendpost - Corte Suprema podría anular condena de Pedro Castillo por vicios en el debido proceso

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia ha determinado que podría proceder a la anulación de la condena impuesta al expresidente Pedro Castillo Terrones, quien fue sentenciado en noviembre de 2025 a once años, cinco meses y quince días de prisión efectiva por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022. Esta decisión surge tras la detección de un defecto grave en el proceso judicial que derivó en el juicio público contra el expresidente y sus colaboradores.

El 22 de octubre, la Corte Suprema admitió a trámite el recurso de apelación presentado conjuntamente por la fiscalía y la procuraduría del Estado. Este recurso cuestiona la condena no solo de Castillo, sino también de los exministros Willy Huerta Olivas, Betssy Chávez Chino y Aníbal Torres Vásquez, entre otros implicados en los hechos.

En la resolución que da curso al recurso, los jueces supremos han dispuesto una medida inusual: solicitar a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos del Ministerio Público un informe expreso y documentado. En este documento, se exige indicar con fecha y disposición fiscal correspondiente en qué momento y bajo qué fundamento el delito de conspiración para la rebelión dejó de ser objeto de la investigación preparatoria.

Adicionalmente, los magistrados han requerido al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que informe si se ha emitido alguna resolución en la etapa intermedia o durante la investigación preparatoria respecto a dicho delito. Esta solicitud busca esclarecer el estatus jurídico de la acusación original.

Durante los últimos días, fuentes judiciales consultadas por La República han coincidido en que la consecuencia más probable de este requerimiento es la nulidad del juicio realizado y, en el mejor de los escenarios, la celebración de nuevas audiencias públicas para definir la responsabilidad penal de los implicados. La revisión del expediente judicial revela que la fiscalía investigó inicialmente a Pedro Castillo por los delitos de rebelión y conspiración para la rebelión, en agravio del Estado.

En diversos recursos de apelación previos, la Sala Penal de la Corte Suprema resolvió y definió la diferencia conceptual entre rebelión y conspiración para la rebelión, estableciendo que se trataban de dos delitos y dos hechos distintos. Posteriormente, la fiscalía acusó al expresidente Castillo específicamente por el delito de rebelión y solicitó una pena de treinta y cuatro años de prisión.

Sin embargo, al revisar el expediente, los jueces detectaron una inconsistencia crítica: tras realizar el juicio público, la Sala Penal Especial que condenó a Castillo decidió apartarse de la acusación original por rebelión y acordó condenarlo únicamente por conspiración para la rebelión. El problema radica en que este delito ya había sido definido al inicio de la investigación.

Los magistrados señalan que si la fiscalía ya había establecido que no existía conspiración para la rebelión o si el proceso por ese delito se llevó por vías separadas, los jueces del juicio no podían condenar a Castillo por ese cargo en este caso específico. En la sentencia escrita condenatoria a Castillo aparece que se le investigó por conspiración, pero no se detalla en qué terminó ese proceso ni si efectivamente culminó.

Esta omisión genera una posible afectación al debido proceso y al derecho de defensa. Los jueces supremos consideran que la definición o conclusión de ese delito podría haberse llevado por separado, razón por la cual exigen a la fiscalía y al juzgado informar si dicho delito llegó a definirse, presentando las respectivas copias del expediente.

Tanto si el caso permanece en un limbo jurídico como si fue archivado sin ser tratado en el nuevo proceso, correspondería, según fuentes judiciales, realizar un nuevo juicio que evalúe los delitos de rebelión y conspiración para la rebelión en conjunto. Esto es necesario para evitar pronunciamientos contradictorios que afecten la legítima defensa.

Todos estos temas serán evaluados en la próxima audiencia de apelación. La fiscalía aún tiene la posibilidad de salvar el caso presentando la documentación requerida, mientras que la defensa cuenta con un argumento sólido para solicitar la nulidad de todo el proceso. La Sala Penal Permanente, integrada por los jueces Víctor Prado Saldarriaga, Manuel Luján Túpez, Paloma Altabás Kajatt, Sara Maita Dorregaray y Hans Contreras Cuszcano, se pronunciará definitivamente después de la audiencia y de recibir los informes solicitados.

K.Koch--BlnAP